La segunda ola de la pandemia de la covid-19 azota a España desde finales del verano y en estos momentos está alcanzando las cifras más duras de esta nueva oleada de contagios. El Ministerio de Sanidad informó, en la tarde del jueves 29 de octubre, de 23.580 nuevos casos de coronavirus, 9.395 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Desde que comenzó la pandemia, nuestro país ha sumado más de un millón de positivos por el virus y 35.000 muertos.

Aunque estas cifras se quedan cortas si las comparamos con los datos recogidos a través de los estudios de seroprevalencia, que según informó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, indican que más de 3 millones de españoles se han contagiado de la enfermedad, el triple de lo recogido por las autoridades sanitarias en sus informes. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística ha advertido de un exceso de 11.000 muertes en España desde el mes de julio hasta ahora, lo que podría suponer que no se estén recogiendo todos los decesos en los datos oficiales.

Sánchez ofrece el estado de alarma a las CC.AA.

La estrategia del Gobierno ante esta nueva ola de contagios comenzó a gestarse a finales del verano, cuando Pedro Sánchez ofreció el apoyo del Ejecutivo a las Comunidades Autónomas que desearan decretar el estado de alarma en su territorio. De esta manera, el presidente del Gobierno dejó en mano de las autonomías las decisiones estratégicas a tomar en esta nueva ola de la pandemia, a diferencia del plan ejecutado en el mes de marzo, cuando tomó el control de la situación a través del mando único.

El presidente explicó durante una rueda de prensa desde la Moncloa, tras la reunión del Consejo de Ministros, que los presidentes autonómicos que solicitaran la herramienta del estado de alarma deberían acudir al Congreso de los Diputados para explicar los motivos de su decisión y someterse a la votación pertinente. Si era necesario, acompañarían a las autoridades autonómicas hasta el Parlamento, en una actitud de cogobernanza. Aquel día la incidencia acumulada de contagios en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes se situaba en los 173 casos en toda España.

Cierre perimetral de Madrid y otros nueve municipios

Algo más de un mes más tarde de este anuncio, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (que reúne al Ministerio de Sanidad con las consejerías sanitarias de las CC.AA.) acordó unos criterios únicos para tomar medidas en las ciudades de más de 100.000 habitantes. El acuerdo obligaba a cerrar los municipios cuyos índices de control de la pandemia estuvieran descontrolados, como la incidencia en los últimos 14 días, la positividad de las pruebas PCR y el porcentaje de camas UCI ocupadas por pacientes infectados por covid. La incidencia acumulada se situaba en los 284 casos.

Estas medidas obligaron a cerrar perimetralmente la capital y otros nueve municipios de la Comunidad de Madrid, pese al rechazo del Ejecutivo madrileño. La presidente de la región, Isabel Díaz Ayuso, anunció que iba a acatar la orden enviada por Sanidad, pero que acudiría a los tribunales para suspender las medidas adoptadas. Unos días más tarde, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le dio la razón al gobierno madrileño y tumbó las restricciones de movilidad en los diez municipios de la región, al entender que afectaban a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Ante este giro de los acontecimientos, el Gobierno tomó al día siguiente la decisión de imponer el estado de alarma en la Comunidad de Madrid durante 15 días desde ese mismo momento. Para ello, se puso en marcha un operativo de vigilancia con 7.000 efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, explicó que esta decisión había sido tomada para poder dar soporte jurídico a las restricciones en la región, tras el rechazo de los tribunales a las medidas adoptadas tras el Consejo Interterritorial de Salud. El gobierno de Díaz Ayuso optaba por los confinamientos perimetrales de barrios y zonas básicas de salud.

Segundo estado de alarma en toda España

Otro mes más tarde, el Gobierno ha decretado el segundo estado de alarma a nivel estatal tras el avance del virus en la mayor parte del territorio nacional, con cifras récord de contagios durante toda la pandemia. La principal medida de este nuevo decreto de emergencia es la instauración de un toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, con la opción de que las CC.AA. puedan retrasarlo o adelantarlo una hora, tanto el inicio como el fin. Esta medida quedará vigente durante 15 días, hasta el 9 de noviembre, cuando su prórroga quedará en manos de los gobiernos autonómicos.

Sin embargo, el estado de alarma tendrá una vigencia de 6 meses, hasta el próximo 9 de mayo de 2021, tras la aprobación de su prórroga en el Congreso de los Diputados con una amplia mayoría de 194 votos a favor. No obstante, no existe ningún plan estratégico del Gobierno sobre las restricciones durante este período, ya que serán las Comunidades Autónomas quienes decidan las medidas restrictivas que limiten los derechos fundamentales de los ciudadanos en la lucha contra la pandemia. No obstante, el ministro de Sanidad ha advertido que su gabinete estará alerta para ejercer la función de coordinación cuando la situación lo requiera.

A partir de ahora, y con el aval que ofrece la Constitución del estado de alarma, las comunidades podrán tomar las decisiones que consideren oportunas. Las restricciones están afectando ya al derecho a la movilidad y de libre circulación de millones de españoles, tras los confinamientos perimetrales adoptados por la mayoría de los gobiernos autonómicos del país, excepto Galicia, Extremadura, Baleares y Canarias. Hasta el momento, son los únicos territorios que no han adoptado el cierre de sus fronteras. La Comunidad de Madrid tan solo cerrará los días pertenecientes al puente de Todos los Santos y de la Almudena. La incidencia acumulada se sitúa a día de hoy en los 468 casos.