El Tribunal Supremo ha avalado la condena del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a Quim Torra por desobediencia a la Junta Electoral Central, tras no retirar en el tiempo requerido los símbolos independentistas de los edificios públicos de la Generalitat. La sentencia del tribunal es firme e inhabilita al presidente catalán de su cargo de forma inmediata. Torra se negó a quitar la pancarta que colgaba en el balcón del Palau de la Generalitat en defensa de los políticos independentistas presos, junto a un lazo amarillo.

La sentencia condena que el dirigente independentista desacató las órdenes de la Junta Electoral Central de forma «contumaz y obstinada», tras las advertencias continuadas del órgano vigilante de las garantías democráticas en los procesos electorales. No obstante, Torra puede hacer públicas sus ideas políticas, según asegura el tribunal, pero no desobedecer a la Junta ante unos comicios. De esta forma, deja ya de ser el presidente catalán y la legislatura queda en el aire en Cataluña con un futuro incierto.

Recurso ante el Constitucional

Un día más tarde de la ratificación del Supremo, Quim Torra ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para solicitar la suspensión cautelar de la sentencia por suponer un «daño grave irreparable», según la defensa de Torra, que tacha el fallo del Supremo de «fraude constitucional» con el objetivo de derribar al gobierno de la Generalitat. El tribunal ya ha respondido a la solicitud y ha convocado un pleno extraordinario el próximo 6 de octubre para estudiar el recurso, averiguar si se han vulnerado sus derechos fundamentales y conocer si debe ser restablecido en su cargo.

El expresidente definió la sentencia el mismo día de su publicación como un golpe dirigido desde los poderes del Estado y llamó a una ruptura democrática pacífica y desobediente. También ha pedido que las futuras elecciones autonómicas se conviertan en un nuevo plebiscito para confirmar el dictamen del 1 de octubre, convertir Cataluña en una república independiente y derribar la «Monarquía de las banderas y el Ejército». Además, ha exigido la aprobación de una ley de amnistía durante su visita a los presos del procés en la cárcel de Llenoders.

El futuro del Govern

El PSOE y el PP ya han pedido que se celebren elecciones en Cataluña cuanto antes. Los populares han defendido que la inhabilitación de Torra ha sido posible gracias a la denuncia del partido ante la Junta Electoral Central. «El Gobierno debe garantizar el cumplimiento de la sentencia y el orden público en Cataluña, donde se deben convocar elecciones de inmediato», ha manifestado el líder de la oposición, Pablo Casado, en Twitter. Por su parte, la presidenta de los socialistas, Cristina Narbona, ha pedido a Torra que convoque elecciones para sacar del bloqueo a la comunidad autónoma, ya que el Gobierno no le va a considerar como un interlocutor válido para el diálogo.

El futuro de la Generalitat queda ahora en manos del presidente del Parlament, Roger Torrent, quien dispone de 10 días para encontrar un sustituto que se encargue de la presidencia. En caso de no haber candidatos, el presidente de la cámara debe emitir una resolución justificada y se activaría una cuenta atrás de dos meses, tras los que si no aparece un sustituto para Torra, al cabo de 54 días se convocarían elecciones de forma automática, según la ley electoral. La fecha clave podría ser el 7 de febrero, cuando se podrían celebrar las nuevas elecciones, según apuntan algunos medios de comunicación.